Año 5 N° 10 / Julio
– diciembre 2019. 94 - 116
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ISSN 2477-9342 |
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INVESTIGACIÓN ARBITRADA La Protección Ambiental en Colombia: Una Política Pública Educativa Environmental Protection in Colombia: A Public Educational Policy Carmen Mayerly Barajas Anaya1 y Alfredo Orduz
Ardila2 aoasd@hotmail.com 1 Unidades Tecnológicas de Santander
(Colombia) 2 Uniciencia (Colombia) Recibido
26 de febrero de 2019 / aprobado 11 de junio de 2019 |
Palabras clave Protección
ambiental, sostenibilidad, ambiente, educación, políticas educativas. |
Resumen La visión fraccionada y mecanicista del mundo ha generado una cultura
consumista que redunda en el uso inadecuado de los recursos naturales,
contribuyendo con el desequilibrio hombre-ambiente. Situación de la que no
escapa la sociedad colombiana, por tanto, al Estado le corresponde generar en
los ciudadanos conocimientos y actitudes para contribuir con la
transformación de las comunidades, mediante la construcción de una cultura
ambiental. El propósito del estudio fue establecer lineamientos para el
mejoramiento de la protección ambiental desde las políticas educativas de
Colombia. La metodología se basó en el enfoque cualitativo, paradigma
interpretativo, tipo documental, el procedimiento consistió: revisión,
análisis e interpretación de documentos teóricos y legales de las políticas
de Estado. De allí se derivaron lineamientos que indican la incorporación
activa de las instituciones educativas, incluyendo las universidades, para
que ocupen un rol protagónico en la formación de ciudadanos conscientes y
responsables con una visión de futuro sustentable. |
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Keywords environmental
protection, sustainability, environment, education, educational policy. |
Abstract The split and
mechanical view of the world has generated a consumer culture, which
emphasizes the inappropriate use of natural resources, contributing to the
imbalance: human-environment. The Colombian society does not escape this situation, that is why the government is responsible for
generating knowledge and attitudes in citizens to contribute to the
transformation of communities, through the construction of an environmental
culture. The purpose of the study was to establish the guidelines for the
improvement of environmental protection from the educational policies in
Colombia. The methodology was based on the qualitative approach,
interpretative paradigm and documentary type, and the procedure consisted on: review, analysis and interpretation of theoretical and
legal documents of governmental policies. From there they derived guidelines
that indicate the active incorporation of educational institutions, including
universities, so that they play a leading role in the formation of conscious
and responsible citizens with a vision of a sustainable future. |
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Introducción La
calidad ambiental es fundamental para la preservación de la vida en el
planeta. No obstante, los modelos de desarrollo implementados y los estilos
de vida han impactado críticamente la sostenibilidad planetaria. Esta
situación, ha traído como consecuencia una problemática que amerita la
participación y gestión de diversos organismos internacionales y nacionales. En este sentido, la visión fragmentada y
mecanicista del mundo ha generado una cultura consumista y del derroche, que
en poco contribuye con el equilibrio que se requiere en la relación
hombre-ambiente. Desde esta consideración, el estado colombiano debe proponer
soluciones a los graves problemas derivados por el uso inadecuado e
irresponsable de los recursos naturales, con el objeto de colocarse a la par
de muchos organismos e instituciones que se han pronunciado al respecto, tal
es el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura -UNESCO- (1996), quien desde el siglo pasado ha
recomendado el establecimiento de estrategias educativas y de enseñanza
interdisciplinaria escolar y extraescolar, con el fin de desarrollar
conocimientos y promover acciones que permitan administrar, preservar y
proteger su medio ambiente. De acuerdo con Leff
(2004) “las cosmovisiones de las culturas tradicionales, fundadas en una
visión más orgánica de la vida y de la relación con la naturaleza, fueron
sustituidas por la visión mecanicista que emerge de la racionalidad
cartesiana y la revolución industrial” (p.196). Sin duda, la revolución
industrial se ha constituido en uno de los hitos históricos más importantes
al momento de analizar los hechos que caracterizan la crisis ambiental
planetaria actual. Tal situación, ha traído consigo la
emergencia de interpretar el mundo desde nuevos paradigmas, más sistémicos y
menos mecanicistas, tal como lo señaló Capra (1998)
en referencia a la necesidad de un paradigma ecológico, como un cambio
cultural necesario para la preservación del planeta, ya que en las últimas
décadas se ha hecho cada vez más evidente el deterioro progresivo que ha
sufrido el ambiente, como consecuencia de la acción antrópica. En este sentido, en la actualidad el Estado
colombiano no cuenta con políticas actualizadas en materia ambiental, ya que
la más significativa surgió con la promulgación de la Ley 99 de 1993, en la
cual se establecieron los principios que orientarían el manejo de los asuntos
ambientales del país. No obstante, décadas después del decreto de dicha Ley y
de la puesta en marcha de la política ambiental, el informe sobre el estado
de los recursos naturales y el ambiente 2009-2010, de la Contraloría General
de la Nación –CGN- (2010), advirtió en sus conclusiones que “a pesar de los
modestos resultados, producto del fuerte trabajo de una débil institucionalidad,
se sigue manteniendo al país en una senda de insostenibilidad” (p.72). Tal situación persiste a lo largo del tiempo,
ya que a la fecha no se han divulgado acciones concretas desde las políticas
de Estado para contribuir con la Educación Ambiental, mediante la formación
de los actores sociales, tal como lo señala el último informe emitido por la Oficina
asesora de planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(2018) “los reportes de seguimiento les hacen falta el impacto donde estén
los beneficiados (población, sectores, territorios, entre otros), así como la
finalidad de la normatividad por qué se hace y para qué se hace” (p.78), se
puede deducir que no se han suscitado actividades concretas en esta materia. En consecuencia, es imperativo que el Estado
contemple dentro de su estructura, además de lo que ya ha desarrollado,
normas, regulaciones, acciones explicitas y divulgativas que conlleven a
abordar la crisis que el mismo hombre causa sobre el ambiente, como respuesta
a la crisis ambiental que actualmente afecta al estado colombiano, por tanto,
le corresponde generar y consolidar en los ciudadanos conocimientos,
aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad
mediante la construcción de una verdadera cultura ambiental, que permita
fortalecer los valores humanos, la ética ambiental, la preservación del ambiente,
la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, entre otros aspectos. Los elementos asociados con la preservación
del ambiente deben estar orientados desde la educación, sobre la base de los
conocimientos actuales y los principios del modelo de Desarrollo Sustentable,
ya que éste constituye un proceso de cambio direccional, mediante el cual el
sistema mejora de forma sostenible a través del tiempo, de tal manera que las
políticas educativas deben estar adaptadas al desarrollo y a las condiciones
actuales de la sociedad. Por tales razones, las acciones que el Estado
establezca deben ir de la mano de un sistema educativo cónsono con los
principios del Desarrollo Sustentable, democráticos, teniendo como base el
respeto a los derechos humanos, entenderlas como un paradigma que engloba las
muchas maneras de formación de los ciudadanos e ir más allá de la evaluación
de la gestión del gobierno y tal como plantea Muñoz (2011) más allá de un
fenómeno político, enfocándose en “categorías de análisis como las ideas, los
intereses y las instituciones, categorías que recurrentemente se encuentran
en los marcos analíticos revisados, pero infortunadamente, abordados de forma
independiente, lo cual reduce la integralidad reclamada por múltiples
expertos en políticas públicas” (p. 132). Es por ello que se debe considerar la
Educación Ambiental (EA) como un medio flexible, eficaz e idóneo para
concebir propuestas adecuadas al desarrollo de las sociedades. Tal como lo
señala Calderón, et. al. (2011). La educación ambiental está orientada
a promover la “adopción de un modo de vida compatible con la sostenibilidad,
y para lograr esta aspiración, es imprescindible elevar el nivel de
conocimiento e información, de sensibilización y concientización de los ciudadanos,
científicos, investigadores, gobiernos, la sociedad civil, instituciones y
organizaciones” (p. 17), de modo que se presente asociado con un modelo de
desarrollo económico, que estimule la relación entre el hombre y el ambiente,
considerando las dimensiones políticas, culturales, económicas, sociales, y
tecnológicas. Sobre la base de estas premisas el objetivo
de la presente investigación radica en establecer los lineamientos para el
mejoramiento de la protección ambiental desde las políticas educativas de
Colombia. Método La
presente investigación se desarrolló desde las bases del enfoque cualitativo,
entendido, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) como aquel que
“utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.7) y que tiene
como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Con base en estos aspectos, el paradigma se
suscribe a la interpretación de como las políticas públicas educativas en el
territorio colombiano han influido en la protección del ambiente a la luz de
los llamados internacionales para la preservación de la vida en el planeta. Por su parte, el estudio se adapta a una
investigación de tipo documental, ya que el análisis construido parte de la
revisión detallada y precisa de una serie de documentos científicos y
gubernamentales que tanto a nivel nacional, como regional y local describen
las características de la EA en Colombia. Tal como señala la UPEL (2006) la
investigación documental tiene el propósito “de ampliar y profundizar el
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos
e información de datos divulgados por medios impresos o electrónicos” (p.
15). En consecuencia, el procedimiento estuvo
determinado en primer lugar por la exploración de los elementos vinculados
con la EA en Colombia, a fin de determinar su origen y evolución, desde los
acuerdos y principios de los organismos internacionales hasta las estrategias
y acciones generadas a nivel nacional, regional y local, para así poder
establecer la postura crítica y reflexiva del investigador. En segundo lugar se examinó y analizó los
referentes asociados con las políticas públicas, desde la revisión de la
Constitución Política de Colombia (1991), seguido del análisis del Plan de
Desarrollo de la Nación 2016-2026 (PNDE), el Plan de Desarrollo Departamental
2016-2019 (PDD), de Santander y el Plan de Desarrollo de Bucaramanga (PDB)
2016-2019, a fin de determinar las características de la EA en los Planes de
Desarrollo del gobierno colombiano y la visión del ambiente desde esta
perspectiva. Finalmente, sobre la base del análisis anterior se procedió a
interpretar cada uno de estos referentes estudiados para establecer los
lineamientos que deben ampliar, reforzar, mejorar y enriquecer la protección
ambiental en Colombia desde una política pública educativa adecuada. Hallazgos Sobre
la base la revisión de los diversos referentes teóricos y legales que
determinan las características que debe tener la EA en el Estado colombiano,
para establecer las políticas públicas en materia educativa ambiental, a
continuación, se muestra el resultado del análisis y la interpretación de los
documentos examinados. Evolución
de la educación ambiental en Colombia La
intervención desmesurada y constante que el hombre ha tenido sobre el
ambiente durante las últimas décadas ha acelerado la crisis ecológica que
afecta a la población a nivel mundial, ocasionando un deterioro continuo de
los recursos naturales disponibles para la preservación de la vida en el
planeta. El Estado colombiano no escapa de tal
situación, en virtud de que sus necesidades no son distintas a las del resto
de la humanidad, debido a que sus habitantes se desenvuelven en un mundo
globalizado, donde igualmente les afecta la crisis ambiental desde las
diversas aristas que le componen, tal es el caso de lo político, económico,
social y cultural, quedando en evidencia dentro de su comportamiento habitual
la carencia de valores ambientales y la falta de consolidación de actitudes
cónsonas con el modelo de Desarrollo Sustentable que actualmente requiere de
una política educativa adecuada. Al respecto, Rengifo, Quitiaquez
y Mora (2012) señalan que en la sociedad colombiana “se ve la necesidad de
una educación ambiental que persista en los conocimientos, actitudes,
comportamientos y hábitos frente al ambiente orientados a conseguir que la
humanidad cambie su clásica concepción de que la naturaleza es un elemento
pasivo y complaciente” (p.3), de modo que se acepte que los recursos no son
de regeneración automática. Por tanto, el tema educativo ambiental ha
sido motivo de reflexión para los diferentes actores sociales, al punto que
han contribuido en la creación de políticas en esta materia. Lo que ha
quedado expresado según Sepúlveda (2014) antes de la promulgación de la
Constitución Política de 1991, debido a que ya existían normas asociadas con
lo educativo ambiental, destacando el Decreto 2811 de 1974 denominado Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente y, derivado de éste la promulgación del Decreto 1337 en 1978. Posteriormente en 1992 surge la creación del
Programa de Educación Ambiental, en convenio con la Universidad Nacional de
Colombia, siendo su principal objetivo impulsar el fortalecimiento de un
equipo interdisciplinario de trabajo para explorar las posibilidades
estratégicas, conceptuales y metodológicas de la EA y, para 1993 el
establecimiento de la concertación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Medio Ambiente (Torres, 1998). Medidas que se fortalecieron en el ámbito
educativo a partir de 1994, cuando el Estado colombiano desde la Constitución
y la Ley General de Educación, colocó la EA como un tema obligado en los
centros público y privados de la educación formal Asimismo, según Pita (2016), con estas
acciones se definen para la educación en Colombia las normas generales de la
política ambiental, manifiestas en el Capítulo II del Código, incluyendo,
tanto el uso de los medios de comunicación, como la aplicación de talleres
enfocados al ambiente de manera interdisciplinar como una estrategia de
educación ambiental. Estrategias complementadas por campañas de educación
ambiental popular en el ámbito rural y urbano. Posteriormente, según el mismo autor, la Ley
de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), “conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales” (p.32)
integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las entidades territoriales y los institutos de investigación
vinculados y adscritos al Ministerio, para la gestión ambiental nacional. Como se aprecia se realizó la formulación y
ejecución de instrumentos que, en diferentes momentos del desarrollo de la
temática educativa ambiental en Colombia, han jugado un papel significativo
en la apertura de espacios formativos y de predominio para el manejo adecuado
del ambiente (Ministerio del Ambiente y de Educación Nacional, 2002). Adicionalmente se subraya el decreto 1743/94
de la Ley General de Educación Nacional que inserta los proyectos ambientales
escolares en los centros escolares públicos y privados, con especial atención
en las comunidades étnicas (Tello y Pardo 1996), lo que coloca al sistema
educativo formal en el ápice de las políticas de Estado. En el periodo comprendido entre 1994 y 1998
se formula en Colombia el Plan Nacional de Desarrollo denominado "Salto
Social". En este se hace especial énfasis en la necesidad de lograr una
sociedad equitativa, participativa, solidaria y respetuosa de los derechos
humanos, que reconozca su identidad y la prioridad de conservar el capital
cultural, social, ecológico y humano (Ministerio del Ambiente y de Educación
Nacional 2002). Por otro lado, resalta la carta de navegación
de la EA como una Política en Colombia desde 2012, la cual traza cuatro
objetivos enmarcados en el planteamiento de proyectos, planes, programas y
estrategias, que generen una EA en todo el país, incluyendo según Tello y
Pardo (1996): Propender por la actualización continua de conceptos en materia
de medio ambiente dentro de todo el sector educativo; incluir de manera
transversal la educación ambiental en todos los sectores; establecer
instrumentos de diálogo con la comunidad a fin de crear modelos de desarrollo
que contribuyan con la sostenibilidad. Además, resalta el hecho de fomentar
en cada proceso la búsqueda del equilibrio entre la sociedad, la cultura y el
ambiente a fin de mantener el concepto de sostenibilidad. Todos estos
aspectos para demostrar las voluntades que diversas entidades gubernamentales
han planteado a fin de fortalecer el tema educativo ambiental en el país. Carrasco (2010) ha señalado que bajo este
contexto el estado colombiano a través del proceso de elaboración y ejecución
de la Política Nacional de Educación Ambiental (1992 – 2007), centra sus
esfuerzos en la construcción de estrategias de cambio para “el reconocimiento
de las dinámicas propias de sus problemáticas ambientales” (p.1). Lo que
implica la apertura y consolidación de un espacio de reflexión y acción
permanente, por lo cual la EA debe propender un discurso crítico que
posibilite la transformación de la realidad ambiental nacional. En síntesis, la EA en Colombia se ha
desarrollado en tres espacios de acción, por una parte, el espacio informal,
a partir del conjunto de conocimientos, prácticas y saberes ambientales
adquiridos desde los medios masivos; los grupos originarios, entre otros. No
formal mediante de los comités Interinstitucionales y los proyectos
ciudadanos de Educación Ambiental y primordialmente en la Educación formal, a
través proyectos ambientales escolares y universitarios. Por consiguiente, el desafío de la EA
colombiana se orienta por una parte hacia el fortalecimiento de la formación
de sus profesores, mediante la aplicación de estrategias asociadas con
transversalidad curricular que además implique el trabajo interdisciplinario
y transdisciplinario, por cada departamento y
secretarías de educación desde la creación de políticas que permeen la
Educación Nacional y la protección del Ambiente. En consecuencia, las políticas educativas del
Estado colombiano están situadas sobre la base de una EA de calidad que
permita la concienciación constante de la población en beneficio de sí mismo
y su calidad de vida, el consumo responsable, la protección del ambiente y el
desarrollo sustentable de las sociedades. Los estudios ambientales
desde las políticas del estado colombiano En
la actualidad conceptualizar la palabra ambiente constituye un reto
interesante, ya que debemos pasar del “medio ambiente” a un ambiente
integrado no sólo por los elementos bióticos sino también aquellos de índole
social que implican la concepción holística y sistémica de este. Afirmación
que se encuentra en consonancia con el planteamiento de Ministerio del
Ambiente de Colombia -MAC- (2003) cuando expresa “que diversas han sido las
concepciones de ambiente que históricamente han acompañado los desarrollos
tendientes a racionalizar las relaciones entre seres humanos y el entorno”
(p.31), por lo cual han existido a lo largo del tiempo variedad de
estrategias para llevar a cabo una EA de calidad. Por tanto, el estudio del ambiente debe
hacerse con un enfoque holístico que permita estudiarlo como un todo, bajo
una perspectiva global. Adoptando que el ambiente tal como lo plantea el MAC
(2003) es “un sistema dinámico definido por las interacciones físicas,
biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y
los demás seres vivientes y todos los elementos del medio donde se
desenvuelven, sean estos de carácter natural o transformado” (p.33), en
consonancia con la visión que actualmente posee el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (2018), cuando incorpora el tema ambiental al asunto
educativo. Por consiguiente el estado colombiano asume
que el concepto de ambiente trasciende las nociones físico-naturales y
humanas, ya que tal como lo indica Pita (2016) “el ambiente es patrimonio
común, por este motivo el Estado y las personas deben ser entes partícipes de
su preservación y manejo” (p. 121), por tanto, su estudio no se puede reducir
sólo a espacios formales o no formales, sino más bien al establecimiento de
políticas globales y particulares que contemplen el diseño y la ejecución de
estrategias adecuadas que garanticen un ambiente de calidad. La educación ambiental en
los planes de desarrollo del gobierno colombiano Colombia, entre otros países del
mundo, se ha transformado en referente para orientar y constituir planes,
programas, proyectos y acciones que en materia de EA se deben desarrollar,
para dar respuesta a los retos pronunciados en la Carta de Belgrado (1975) en
donde se establecieron los principios de la Educación Ambiental en el marco
de los programas de las Naciones Unidas. De esta
manera el estado colombiano desarrolla una serie de instrumentos jurídicos
que se han encargado de normar el hecho ambiental y que en la actualidad se
fundamentan en la Constitución Política de Colombia (1991), en los artículos
79 y 80, De los Derechos Colectivos y del Ambiente, los cuales establecen en
primer lugar que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano y la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo. Además,
señala que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines, también señala que el Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. En
consecuencia, tal como lo señala el MAC (2003) en la Constitución de 1991, es
donde se instauran los parámetros legales que posibilitan el trabajo de la
educación ambiental “con lo cual se demuestra que el país ha ido adquiriendo
progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de manejo del
ambiente y de promoción de una cultura responsable y ética al respeto”
(p.24). En este
sentido, es imprescindible referir el Plan Nacional Decenal de Educación PNDE
2016-2026, el cual establece dentro de su visión que para el año 2026 con la
participación de toda la sociedad como educadora, el Estado habrá tomado las
medidas necesarias para que, desde la primera infancia, los colombianos
desarrollen pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores y actitudes
éticas; con respeto por las personas y las instituciones, el aprendizaje y la
vida diaria y procuren la sostenibilidad y preservación del medio ambiente,
entre otros aspectos. Por
tanto, este Plan Decenal debe ser tomado desde lo político, social, cultural,
ambiental y económico, ya que la educación tiene que ver con todas las
esferas de la vida humana e influye directamente en la formación de
competencias ciudadanas y en el desarrollo humano, para que contribuyan con
la transformación que requiere el país. Aspectos
evidenciados de forma explícita en los lineamientos estratégicos específicos
del PNDE 2016-2026, el cual señala en su numeral segundo que para el
establecimiento de los diseños curriculares generales, pertinentes y
flexibles, desde su elaboración se debe promover la construcción e
implementación de proyectos curriculares dúctiles, articulados entre los
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y orientados a la
formación para la vida de ciudadanos que puedan desenvolverse de manera crítica,
creativa, responsable y autónoma, que brinde elementos para la convivencia,
la inclusión, el desarrollo productivo, el cuidado del ambiente y la
construcción de la paz. Es por
esto, por lo que se debe promover desde el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), de manera sistémica e integral, el compromiso intersectorial para
impulsar desde la educación el desarrollo social, cultural, económico y
ambiental de las regiones colombianas, en concordancia con la visión 2026. Por
ende, para la formulación de una política pública adecuada en relación con la
formación de educadores se debe asegurar que todo programa incluya un enfoque
pluralista, diferencial y pertinente al contexto social, económico, ambiental
y cultural de desempeño del educador, teniendo como estrategia el
reconocimiento del valor de la profesión docente dese el contexto rural, en
el ámbito del Desarrollo Sustentable, para impulsar modelos de formación que
procuren la preservación y sostenibilidad del medio ambiente y fomenten
modelos productivos coherentes con su contexto social, tomando en
consideración dentro de los lineamientos específicos para la evaluación,
crear y garantizar la sostenibilidad de un observatorio nacional de
innovación educativa, a partir de las experiencias del país que se
constituyan en referente para la formulación de políticas públicas, en el
ámbito educativo desde la sostenibilidad, tal como se resume en la tabla 1. Tabla 1. El ambiente y la sostenibilidad en el Plan Nacional Decenal de
Educación 2016-2026
En
este orden de ideas para dar respuesta al llamado del gobierno nacional y en
consonancia con sus lineamientos el Departamento de Santander ha manifestado
diversos aspectos asociados con el ambiente, la educación ambiental y la
sostenibilidad en su Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 (PDD), el
cual se deriva de los desafíos a los que se enfrenta y desde el diagnóstico
riguroso y el estudio de las características, necesidades y oportunidades
locales y globales, planteadas y sobre
la base de las propuestas y necesidades expuestas por los santandereanos. Además, el plan ha acogido dentro de su
formulación los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el enfoque de
Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) como marcos estratégicos del desafío al que se enfrenta el
Departamento y su compromiso de cara al mundo globalizado. En tal sentido, la dimensión ambiental se
presenta de forma explícita tanto en los principales retos del desarrollo,
como en los componentes estratégicos y su visión para el 2019,
específicamente aparecen en la situación actual de los temas de desarrollo de
derechos y deberes sociales y económicos, en lo que corresponde a la
educación como vía para lograr los objetivos propuestos y en lo ambiental, en
lo referente al agua potable y saneamiento. Por lo demás, resalta especialmente el tema
educativo ambiental en el aparte 3.4 de los Derechos y deberes ambientales y
el cuarto dentro de los componentes programáticos, mostrando como estrategias
de desarrollo la Gestión del Riesgo de Desastres; Patrimonio Ambiental para
el Desarrollo; Cambio Climático; Medio Ambiente; Ordenamiento Territorial
Municipal y Metropolitano y Plan de Ordenamiento Departamental. Razón por la
cual se puede deducir que uno de los principales retos planteados en el
programa es evitar el agotamiento de los recursos naturales y elevar la
calidad del agua y de los servicios ambientales. Por otra parte, el PDD 2016-2019, dentro de
los principios y valores del componente participativo, tiene como base
ideológica “la búsqueda permanente del bienestar social, cultural, económico,
ambiental y civil de todas y todos los Santandereanos en un marco de justicia
social” (p.22), a objeto de alcanzar altos niveles de competitividad, para
generar bienestar social y económico conciliado con la conservación de su
diversidad ambiental y cultural, reconociendo siempre las prioridades de
todos. Al respecto, es importante destacar que el
bienestar social en el sentido más amplio viene determinado por un conjunto
de factores de los que una persona requiere para obtener una mejor calidad de
vida, en consonancia con la escala de valores de la sociedad ambientalmente
responsable. En este sentido, el PDD destaca que “la educación y la participación
son los pilares fundamentales de la formación de una ciudadanía responsable
para la toma de decisiones frente al manejo sostenible del ambiente” (p.29).
Por tanto, la educación ambiental representa el eje fundamental de la
estrategia de crecimiento verde, como estrategia nacional, tal como resume en
la tabla 2. Tabla 2. El ambiente y la sostenibilidad en el Plan de Desarrollo
Departamental 2016-2019
En atención a estas ideas, el PDD (2016-2019)
muestra como propuestas educativas ambientales a desarrollar desde el
Departamento, acciones dirigidas hacia el fortalecimiento del reciclaje como
un área obligatoria en la escuela y a su vez sea una herramienta para educar
a sus padres. De igual manera, propone la realización de
campañas municipales donde sus habitantes y gobernantes limpien ríos y
cañadas. Expone como una estrategia que los niños siembren árboles y se
sensibilicen ante el respeto y cuidado de los animales, como tareas
propuestas desde las instituciones educativas y hacer campañas de sembrar
especies que protejan las fuentes hídricas. De acuerdo con, las actividades propuestas
dentro del Departamento de Santander, destaca la labor que actualmente
ejecutan en materia educativa ambiental los actores gubernamentales en el
Municipio de Bucaramanga, quienes para el Plan de Desarrollo de Bucaramanga
(PDB) 2016-2019, han considerado que, aunque la calidad de vida a escala
nacional es buena, a escala municipal es insuficiente, ya que los subíndices
salud y educación no son del todo buenos. En consecuencia, hay que orientar programas
de calidad en materia de salud y educación para “la prevención del delito y
del crimen, insistir en la formación ciudadana y en la cultura de paz y
convivencia son apenas criterios para avanzar en el mejoramiento de la
calidad de vida de los Bumangueses” (PDB, 2016, p.20), de tal manera que los
resultados de la dimensión sostenibilidad ambiental muestran los grandes
esfuerzos que deberán emprender los actores sociales de la ciudad para
revertir tal situación. Adicionalmente, el PDB (2016) tiene como reto
también articular las acciones, para garantizar los derechos
interdependientes, de tal forma que “no es posible continuar actuando en
compartimentos separados, la salud por ejemplo es dependiente de la
educación, de la buena nutrición, y del saneamiento ambiental” (p.74). Por tanto, la educación en Bucaramanga según
el PDB (2016), es fortalecer el sistema educativo de la ciudad para
garantizar procesos educativos de calidad, la eficiencia en el uso de los
recursos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad,
permitiendo a las personas desarrollar las competencias necesarias para la
vida en el siglo XXI. En otras palabras, la alcaldía de Bucaramanga debe
ejercer acciones para garantizar una educación de calidad, ajustada a la
sustentabilidad. De modo que sus fines están orientados al
pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico; la formación en el
respeto a la vida y a los derechos humanos; la formación en la participación;
la adquisición y generación de conocimientos científicos que deben ser
trasformados en habilidades y herramientas que permitan la concienciación en
atención a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. La
formación en la práctica del trabajo; la formación para la promoción y la
adquisición de capacidades para crear, instituir, investigar y acoger las
nuevas tecnologías que se requieren en los procesos de desarrollo del país,
para un desarrollo equilibrado. Por ende, el desarrollo equilibrado y
compartido constituye tal como lo plantea el PDB, 2016-2019 una
característica crucial de la prosperidad, donde ninguna de las dimensiones
debe prevalecer sobre las demás y todas están en la obligación “de mantenerse
en equilibrio, por el bien de un recorrido sin contratiempos en el camino de
la prosperidad” (p.17-18), tal como resume en la tabla 3. Tabla 3 El ambiente y la sostenibilidad en el Plan de desarrollo de
Bucaramanga 2016-2019
Sin
embargo, a pesar de todos los elementos ambientales que contemplan los planes
de desarrollo colombianos, al contrastarlos con la realidad nacional se puede
deducir que tal como lo señala el Diario Semana (2018) en Colombia “no existe
política pública en educación” debido a que cada ministro desconoce lo que
las autoridades anteriores han realizado, creyendo que con él se inicia la
historia ambiental en el país, emprendiendo “nuevas acciones”. Por tanto, las
autoridades omiten la realización de planes de seguimiento y evaluación, lo
que ha ocasionado el desconocimiento de los fundamentos de la pedagogía y los
avances que en esta materia se han desarrollado, ocasionando un retraso
significativo en el desarrollo de las políticas educativas. Lineamientos para el mejoramiento de la
protección ambiental desde las políticas educativas de Colombia Sobre la
base de la revisión referencial asociada con la EA en Colombia y los planes
de Desarrollo a nivel nacional regional y local, para impulsar la protección
y preservación del ambiente y contribuir significativamente al desarrollo
sostenible, derivado de la indagación efectuada para la presente
investigación a continuación se proponen los siguientes lineamientos: 1.-
Incorporar activamente a las instituciones educativas, de todos los niveles y
modalidades del sistema educativo nacional para que ocupen un rol protagónico
en la formación de ciudadanos conscientes y responsables con una visión de
futuro sustentable en relación al desarrollo del mundial. 2.- Las
universidades e institutos de Educación Superior desde sus planes de estudio
y contenidos curriculares deben ser protagonistas en la formación de
ciudadanos ambientalmente responsables. 3.- Los
institutos de educación superior están en el deber asumir la responsabilidad
de incluir la dimensión ambiental de forma trasversal en sus proyectos
institucionales, para que permeen el ejercicio de sus funciones de
investigación, extensión y gestión y atender las necesidades de la población
colombiana en atención a los problemas ambientales que les aquejan. 4.-
Todos los actores interesados en la materia educativa ambiental deben
desarrollar programas de protección, conservación, recuperación,
aseguramiento y fortalecimiento de condiciones ambientales para cada
institución educativa y las comunidades adyacentes a cada institución. 5.- A
partir del proceso de formación de los ciudadanos promover el respeto al
ambiente fomentando valores de solidaridad, protección y responsabilidad,
formando individuos comprometidos con su entorno natural. 6.-
Ejecutar estrategias educativas asociadas el reciclaje para promover el uso
eficiente y responsable de los recursos naturales para mitigar, minimizar y/o
erradicar los problemas vinculados con la contaminación ambiental, para
alcanzar la sostenibilidad de dichos recursos. 7.-
Promulgar políticas educativas ambientales que establezcan directrices
sólidas a los diversos sectores involucrados para el mejoramiento del
ambiente y la calidad de vida de los habitantes del país; el mantenimiento
del equilibrio ecológico; y el uso sostenible de los recursos naturales, en
beneficio del desarrollo armónico de la sociedad colombiana. Reflexiones Finales Los
planes de desarrollo del gobierno colombiano demuestran a través de sus
estrategias, proyectos y acciones la continua necesidad de que el
conocimiento y la ciencia transiten de forma conjunta en la sociedad
colombiana, a objeto de sensibilizar a la población sobre la responsabilidad
que cada ciudadano tiene para preservar y proteger el ambiente, no sólo para
él sino para las generaciones futuras. Por tanto, los encargados de analizar
las políticas de estado deben considerar dentro de este análisis el tema
educativo ambiental como la herramienta más acertada para avanzar dentro del
modelo de Desarrollo Sostenible. El país debe aprender de su historia, para
evitar el fracaso continuo en materia educativa ambiental, para esto es
necesario que se asuma responsablemente los lineamientos que al respecto se
han establecidos en el Plan Decenal de Educación 2016-2026 (2016) y evaluar
el tema ambiental más allá de la evaluación de la gestión y de los alcances
de las políticas del Estado, centrándose en categorías asociadas con los
alcances de la formación educativa ambiental, los actores, la efectividad de
las estrategias empleadas, los valores que se fortalecen o promueven hacia el
ambiente, para promover la protección ambiental desde la ciudadanía. Las autoridades gubernamentales deben entender
que la educación ambiental se vincula con todas las esferas de la vida humana
y si esta resulta insuficiente, no se podrá consolidar el modelo de
desarrollo sustentable que se aspira desde la Agenda para el Desarrollo
Sostenible (2015), a la luz de agenda 2030, ni responder a las demandas
nacionales e internaciones para la protección y preservación ambiental. Referencias Alcaldía de Bucaramanga
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ISSN 2477-9342